Las ventajas de identificar y difundir qué tratamientos son eficaces son evidentes especialmente para los usuarios de estos servicios, pero también para los psicólogos en su ejercicio profesional y en su formación y para otros sectores profesionales. La asistencia pública (Seguridad Social) y las compañías de seguros o las mutuas, pueden contar con criterios adecuados a la hora de financiar un tratamiento psicológico (tipo de terapia, duración del tratamiento, etc.). De esta manera se podrá ayudar a establecer el concepto de “buena o mala práctica profesional”, más allá de valoraciones subjetivas, -además de por las directrices del Código Deontológico del Psicólogo- cuando un terapeuta aplique o no los tratamientos que están considerados eficaces para un cuadro clínico concreto.
En resumidas cuentas, establecer de forma científica la eficacia real de un tratamiento psicológico, es beneficioso tanto para el que demanda ayuda psicológica, como para el profesional que la aplica y para la persona, institución o sociedad que la debe financiar. En especial se verá beneficiado el usuario, pues tendrá la seguridad de que se le va a aplicar el tratamiento más adecuado para solucionar su problema.
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